Por fuga de presos en Liniers removieron a la cúpula de la Policía
En la Navidad pasada 17 presos se fugaron por un boquete de la Alcaidía 9 de la Policía de la Ciudad, ubicada en Juan B. Justo y Gana, en el barrio de Liniers. A fines de noviembre once detenidos en la Alcaidía 4 Bis, ubicada en Barracas escaparon por los techos. Días después, otros dos detenidos huyeron del Centro de Contraventores en Pompeya.
A partir de estos hechos el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a su Ministro de Seguridad, Waldo Wolff, tomó la decisión de remover la cúpula policial y al Director de Alcaidías. El jefe y subjefe de la fuerza, Pablo Kisch y Jorge Azzolina, fueron reemplazados por el Comisarios generales Diego Casaló y Carla Mangiameli respectivamente.
Además, el Gobierno de la Ciudad informó que el Fiscal General, Juan Mahiques, realiza una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y que la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) está trabajando con requisas y controles.
Las fugas ocurrieron poco después del anuncio de un acuerdo entre Nación y Ciudad para el traspaso del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito porteño (incluida la cárcel de Devoto), que implica el traslado de la responsabilidad del cuidado de los detenidos al ámbito de la Ciudad.
De los diecisiete evadidos de Liniers, once son argentinos y seis de nacionalidad chilena. La mitad de los detenidos tiene domicilio en la provincia de Buenos Aires y cinco de ellos cumplían condenas en dependencias porteñas. Nueve ya habrían sido recapturados
La inseguridad es un motivo de gran preocupación para vecinas y vecinos de la Comuna 9. Entre los principales temas de reclamo se encuentran los asaltos a personas en la vía pública y en sus viviendas, los reiterados robos de medidores de Aysa y Metrogas, la necesidad de más efectivos y móviles policiales y refuerzos de los senderos escolares, además de la importancia de que los vecinos denuncien luego de haber sido víctima de un delito y la preocupación por la presencia de presos en las comisarías que no están preparadas para ello.
Por ese motivo miembros de la Junta Comunal han promovido la realización de encuentros con los comisarios para abordar el problema de forma conjunta y comunitaria. Además, los comuneros llevaron adelante múltiples gestiones para canalizar las demandas e inquietudes y se realizaron reuniones por el tema de inseguridad en los tres barrios de la comuna.
Entre tanto, el Ejecutivo de la Ciudad, había informado una serie de medidas para paliar la situación de saturación de las Alcaldías y Comisarías. Entre ellas, la construcción de una Alcaidía Central en la Comuna 8, Avenida 27 de Febrero y Cámpora, además de la instalación de módulos de detención en la Comisaría Comunal 12, de Saavedra, en la 15, de Chacarita; y en la de Barracas. También, con un plazo de finalización en 2025, se retomarían las obras en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz para trasladar a los 1.800 detenidos en la cárcel de Devoto.
Por su parte, reflejando la preocupación social sobre esta cuestión el legislador Matías Barroetaveña (Unión por la Patria), presentó un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que informe, a través del Ministerio de Seguridad, sobre varios puntos relacionados con fuga de los 17 detenidos, en la Alcaidía Nº 9, en el barrio de Liniers.
Destacan los fundamentos de este proyecto que “el Poder Ejecutivo de la Ciudad, mediante el Decreto Nº 200/2024, declaró por el término de doce meses “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la emergencia” considerando básicamente dos razones: primero, que existe una sobrepoblación de personas detenidas en Alcaidías y Comisarías porteñas; y segundo, que el Servicio Penitenciario Federal restringió la admisión de detenidos en los establecimientos penitenciarios nacionales”.
Atendiendo la preocupación social expresada en reuniones con vecinas y vecinos y a través de los medios de comunicación, el presupuesto de la Ciudad, aprobado en la última sesión del año asigna una inversión histórica al área de seguridad con el 16,5% del total proyectado, la cual se destinaría a adquirir patrulleros, pistolas Taser, Byrna y cámaras de videovigilancia, e incrementar la presencia policial en las calles. También se completarían obras en el centro penitenciario de Marcos Paz.
