Escribe Liliana Elguezabal
El Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro negocian un entendimiento en el conflicto por la cesión de inmuebles nacionales a la Ciudad realizada por el ex Presidente Mauricio Macri sobre el final de su gestión, y cuestionada por el actual Presidente Alberto Fernández. Los funcionarios habrían llegado a un acuerdo sobre la transferencia que involucra, entre otros, al predio del Mercado de Hacienda en Mataderos.
Por un lado, el Gobierno de la Ciudad restituiría a la Nación las playas ferroviarias de Caballito y Palermo, mientras el Gobierno Nacional no obstaculiza la venta de la ex cárcel de Caseros. Además, el Gobierno Nacional asumirá la deuda de US$175 millones que la gestión de Macri contrajo para financiar el Paseo del Bajo y la Ciudad devolverá los casi 30 terrenos nacionales que Macri le cedió para afrontar el pago del préstamo. Mientras tanto siguen considerando el destino de otros terrenos fiscales como los cedidos a cambio de las obras de los viaductos de las líneas de ferrocarriles Mitre y San Martín y la cesión de la cárcel de Devoto.
El convenio que involucra al predio del Mercado de Hacienda
La cuestión de la cesión de inmuebles comenzó en 2016, cuando, por un acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta, la Nación se comprometía a subastar predios en desuso para financiar obras públicas en la ciudad. Un día después de la derrota electoral de su partido, el entonces presidente firmó el DNU 740, con el que le otorgó a la AABE la facultad de dar en pago inmuebles para cancelar deudas o afrontar compromisos.
En 2019, la Legislatura sancionó la ley 6179, por medio de la cual aprueba la firma del convenio de préstamo hasta la suma de u$s 175.000.000 (subsidiario al Contrato de Préstamo N° 971 0/CAP-0 celebrado entre la República Argentina y la Corporación Andina de Fomento), con destino a las obras del “Paseo del Bajo”, en el que la ciudad respondería como deudor. Como contraprestación el Gobierno Nacional transferiría al Gobierno de la Ciudad 12 inmuebles, entre los que se encuentra el predio del Mercado de Hacienda, para que sean subastados. Esta Ley además, autoriza la enajenación por parte del Ejecutivo de dichos inmuebles.
Paralelamente, la Legislatura sancionó la Ley 6247, que establece un nuevo Régimen para la Disposición de Bienes Inmuebles de la Ciudad, acorde a las políticas de fomento de los negocios inmobiliarios y financiamiento de obras públicas mediante la venta de inmuebles del estado que ha venido desarrollando el Gobierno de la Ciudad, durante las gestiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.
Al inicio de 2020, en el marco de dos Decretos de Necesidad y Urgencia, firmados por el Presidente Alberto Fernández y todo su gabinete, el Gobierno Nacional dispuso revisar las cesiones de terrenos realizadas por el presidente saliente Mauricio Macri en los últimos días de su mandato. El cuestionamiento se basa en una posible infracción de la Ley sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, por la que no se pueden tomar decisiones de ese tipo en los últimos dos trimestres antes de finalizar el Gobierno. Las escrituras en cuestión son: las 10 realizadas en el marco del Convenio del Paseo del Bajo, las de los 7 inmuebles incluidos en los Convenios sobre Viaductos y en el Convenio Marco de Playas Ferroviarias. Se incluyen, además otras escrituras que transfieren un instituto de menores, comisarías, cuarteles y playas judiciales, entre otros inmuebles.
Cabe señalar que seis organizaciones sociales iniciaron una causa penal contra Macri y el ex titular del AABE, Ramón Lanús por este motivo, argumentando que las transferencias se hicieron sin pasar por el Congreso Nacional. En enero de 2021, en la causa judicial iniciada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniaría Comunitaria – FIUBA, y el PYPP, referida a su impugnación por Inconstitucionalidad, el juez Dr. Andrés Gallardo, ordenó suspender la vigencia de la Ley N° 6.179. El Tribunal advirtió que no se cumplieron las audiencias públicas obligatorias y el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley. En febrero de 2021, la Justicia ratificó la medida.
Ahora, en virtud del acuerdo al que habrían arribado Wado de Pedro y Rodríguez Larreta, el Gobierno Nacional asumirá la deuda de US$175 millones que la gestión de Macri contrajo para financiar el Paseo del Bajo y la Ciudad devolverá los terrenos nacionales que Macri le cedió para afrontar el pago del préstamo.
La desocupación del inmueble: construcción y puesta en marcha del mercado concentrador de Cañuelas
En 1990, el Gobierno Nacional declaró sujeto a privatización al ex – Mercado Nacional de Hacienda, y en 1991, dispuso su disolución y privatización mediante concesión y autorizó a la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a llamar a Licitación Pública para otorgar la concesión de sus instalaciones y actividades. Éstas fueran adjudicadas a Mercado de Liniers S.A. por el término de diez años, mediante la firma del respectivo contrato en septiembre de 1992. Mercado de Liniers SA fue, desde entonces la empresa que tiene la concesión del remate de hacienda y de las instalaciones de propiedad del Estado Nacional. Está integrada por empresas consignatarias, que actúan como intermediarios entre los productores y los frigoríficos.
En julio de 2017, se firmó el convenio entre el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Agroindustria de la Nación, y el Presidente de Mercado de Liniers S.A., que posibilitaba el traslado de la actividad de remate de hacienda a otro emplazamiento.
Luego de analizar varias alternativas, Mercado de Liniers S.A. acordó su traslado a un predio de unas 120 Has, ubicado sobre la ruta 6, camino a La Plata, en el Municipio de Cañuelas, donde los consignatarios propietarios de la empresa, generarían un Mercado Concentrador independiente del Estado, de mayores dimensiones e integrado a otras ramas de la cadena productiva.
A la fecha, a través de la firma Mercado Agroganadero S.A., estarían finalizando las obras necesarias para el traslado. Según informaron en la nota presentada ante la legislatura para solicitar la prórroga de la Ley de la ciudad 622 (que autoriza el tránsito de ganado en pie destinado a la actividad de remate de hacienda), el proceso de mudanza se iniciaría en diciembre de 2021, y duraría entre 60 y 90 días, en los que la actividad de mercado concentrador de hacienda deberá distribuirse entre los predios de Mataderos y Cañuelas.
Según trascendidos, el mes de marzo sería de pruebas y preparativos y el inicio de actividades se realizaría el primero de abril.
El futuro del predio de Mataderos
Más allá de quien detente su titularidad del predio, la competencia para dictar normas urbanísticas es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Ley 6245, sancionada en noviembre de 2019, establece “el desarrollo del polígono delimitado por las calles Murguiondo, Av. Eva Perón, Av. Lisandro de la Torre y José E. Rodó y su entorno, mediante la urbanización del predio y la creación dentro del espacio público de un Parque Temático con espacios para el ocio, entretenimiento, educación y cultura, organizadas en la línea argumental de las actividades rurales, que se complementará con gastronomía”. Además de las normas para la edificación, las aperturas de calles y el parcelamiento, la ley fija las condiciones para la presentación de proyectos, lo que implicaría su materialización por desarrolladores o inversores privados a través de mecanismos de concesión de uso y explotación y/o de obra pública.
Las otras dos leyes de la Ciudad pensadas por la gestión de Rodríguez Larreta para completar el marco legal para la disposición del predio (la 6131 que aprueba el Convenio de cesión de los inmuebles incluido el de Mataderos, y la 6179, que faculta al Poder Ejecutivo a venderlos) perderían sentido al retrotraerse la transferencia. Cabe señalar que, en ese marco, se destinaba lo recaudado por su enajenación a la amortización de deuda (necesaria para asegurar la financiación de la obra del Paseo del Bajo). Es decir que, el producto de la venta de los sectores afectados a la construcción de vivienda por desarrolladores privados en Mataderos, se invertiría en obras en el centro de la Ciudad y no en el mismo predio.
Pero, según el acuerdo alcanzado, las decisiones sobre la ejecución del desarrollo urbanístico del predio están ahora en manos de quien detenta la titularidad del dominio, es decir, el Estado Nacional.