En el marco de dos Decretos de Necesidad y Urgencia, firmados por el Presidente Alberto Fernández y todo su gabinete, el Gobierno Nacional se dispone a revisar las cesiones de terrenos realizadas por el presidente saliente Mauricio Macri en los últimos días de su mandato. Esta decisión impactaría en el futuro del predio del Mercado Nacional de Hacienda en Mataderos.
El gobierno nacional estableció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá “revisar” en no más de 60 días la “legalidad” de los procesos por los cuales el Estado nacional transfirió inmuebles a la ciudad de Buenos Aires entre diciembre del 2015 y diciembre 2019, con el objetivo de “deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales”, ante la detección de “vicios que puedan implicar su nulidad”, y “eventuales hechos o actos ilícitos”.
Cabe señalar que seis organizaciones sociales iniciaron una causa penal contra Macri y el ex titular del AABE, Ramón Lanús por este motivo, argumentando que las transferencias se hicieron sin pasar por el Congreso Nacional. “Las ventas se hicieron por decreto, sin autorización del Congreso. Mauricio Macri firmaba los decretos y la AABE suscribía los convenios”, señala Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, uno de los autores de la denuncia penal.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya había objetado estas cesiones de inmuebles porque infligirían una ley que impide tomar este tipo de medidas en los últimos días del Gobierno. Ese organismo publicó un informe en el que se refiere a 31 escrituras firmadas por Macri, en las que entregaba a la Ciudad unos 100 inmuebles y parcela ferroviarias en Palermo y Caballito por un valor de alrededor de 16 mil millones de pesos.
El cuestionamiento se basa en una posible infracción de la Ley sobre el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, por la que no se pueden tomar decisiones de ese tipo en los últimos dos trimestres antes de finalizar el Gobierno. Las escrituras, en su mayoría, fueron firmadas entre el 19 de septiembre y el 9 de diciembre. El DNU para ceder esas tierras fue firmado por Macri al día siguiente de perder las elecciones.
El Gobierno Nacional involucrará en la discusión a los gobernadores a través del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que deberá expedirse sobre el cumplimiento de dicho régimen.
Las escrituras en cuestión son: las 10 realizadas en el marco del Convenio del Paseo del Bajo (inmuebles cuyas valuaciones alcanzan 5.457.610.000 pesos), las de los 7 inmuebles incluidos en los Convenios sobre Viaductos por 8.504.140.000 pesos y en el Convenio Marco de Playas Ferroviarias, por 12.987.338 dólares y 16.961.616 dólares. Se incluyen, además otras escrituras que transfieren un instituto de menores, comisarías, cuarteles y playas judiciales, entre otros inmuebles.
Desde el Gobierno de la Ciudad, y en defensa de la gestión del PRO señalaban que los inmuebles transferidos tienen causa en convenios y/o situaciones originadas con anterioridad al tiempo que dicta el Régimen General de Responsabilidad Fiscal ya que la disposición de la totalidad de los inmuebles involucrados habría sido autorizada por decreto en 2013 (Playas), 2018 (viaductos) y enero 2019 (CAF) y que se hizo dentro de este tiempo fue la instrumentación de las transferencias.
El predio del Mercado de Hacienda
Tres leyes de la Ciudad completan el marco legal para la disposición del inmueble actualmente ocupado por el Mercado de Hacienda: la ley 6179, que faculta al Poder Ejecutivo a vender doce inmuebles que fueron cedidos a la Ciudad de Buenos Aires por el Gobierno Nacional, la ley 6131 que aprueba el Convenio suscripto entre el Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Ley 6245, que aprueba las normas urbanísticas y el modelo de gestión para el desarrollo del predio.
Por Ley 6179, la Legislatura faculta al Poder Ejecutivo a vender doce inmuebles que fueron cedidos a la Ciudad de Buenos Aires por el Gobierno Nacional y establece que lo recaudado tendrá como destino principal la cancelación de amortizaciones de deuda, además del financiamiento de programas de infraestructura en salud, educación y vivienda.
Dicha ley autoriza al Poder Ejecutivo a la enajenación de los inmuebles incluidos en el Convenio suscripto entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Ministerio de Transporte de la Nación, y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera aprobado por el artículo 6° de la Ley N° 6131. Estos bienes fueron transferidos por la Agencia de Administración de Bienes del Estado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Decreto N°87/19 y la Decisión Administrativa N°47/19, acciones ahora cuestionadas por el Gobierno Nacional.
En virtud del convenio aprobado, el Gobierno de la Ciudad responde como deudor por la suma de u$s 175.000.000, absorbiendo parcialmente la deuda tomada por el Estado Nacional y permitiéndole a éste requerir el financiamiento para asegurar la finalización de la obra del Paseo del Bajo, como contraprestación, la Nación transfirió al GCBA, los 12 inmuebles a ser subastados, entre los que se encuentra el ocupado por el Mercado de Hacienda en Mataderos.
Por medio de la Ley 6245, aprobada en la sesión del 21 de noviembre de 2019, el Gobierno de la Ciudad promueve un desarrollo del polígono delimitado por las calles Murguiondo, Av. Eva Perón, Av. Lisandro de la Torre y José E. Rodó y su entorno basado en un modelo de gestión que propiciaría la privatización de parte del predio para emprendimientos inmobiliarios y la creación de un Parque temático basado en la línea argumental de las actividades rurales, cuya explotación sería concesionada a desarrolladores privados. En la misma sesión, se aprobaron otras leyes que posibilitan la ejecución del desarrollo proyectado. Son las que establecen el Nuevo Régimen para la Disposición de Bienes Inmuebles, la cesión de predios al Club Nueva Chicago y la prórroga de la Ley 622, sobre tránsito de ganado en pie.