El Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un proyecto de Ley que propone desafectar del dominio público, para posibilitar su venta, a un conjunto de inmuebles, entre los que se encuentra el que alberga la Sede Comunal 9, de Timoteo Gordillo 2212.
El proyecto, que ya cuenta con despacho con plazo de observaciones terminado, y listo para su tratamiento en sesión, propone que se desafecten del dominio público, se declaren innecesarios para la gestión del Gobierno, y se autorice la disposición de inmuebles de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El producido de la disposición de dichos inmuebles sería destinado al desarrollo de obras de infraestructura, salud, educación, seguridad, vivienda, transporte público, movilidad sustentable, ampliación de la red de subterráneos, proyectos de inversión y cultura, no pudiendo ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.
El proyecto de Ley también otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de determinar las formas de pago y financiamiento, con intereses en condiciones de mercado. Cabe recordar que en la sesión del 21 de noviembre se aprobó el Nuevo Régimen para la Disposición de Inmuebles del GCBA, que flexibiliza las condiciones que establecía la normativa anterior.
Se fundamenta esta solicitud en la decisión de llevar adelante “una política de austeridad respecto al patrimonio inmobiliario de la Ciudad, a fin de evitar erogaciones innecesarias y en pos de generar fuentes de financiamiento que no comprometan el presupuesto corriente ni aumentar la carga impositiva de los contribuyentes”, y, en esa línea, se ha efectuado un análisis exhaustivo de la utilidad de ciertos inmuebles del dominio de la Ciudad.
Sostiene el informe del Ejecutivo que cada inmueble “fue estudiado considerando su situación dominial, el origen de su afectación, la vigencia del mismo, su efectivo uso público, su estado de ocupación, su necesidad para la gestión de este Gobierno, así como los costos de mantenimiento necesarios para su conservación y resguardo” y “se concluyó que algunos resultan inutilizables para los objetivos de la Ciudad, ya sea por la ausencia de uso público, o la ocupación de los mismos por reparticiones que son objeto del Plan de Relocalizaciones de distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya en curso”
Sin embargo, algunos de los inmuebles incluidos en el listado no sólo no están desocupados, sino que se realizan en ellos funciones de gobierno. Tal es el caso de la Sede de la Comuna 9, en Timoteo gordillo 2212, donde se encuentra la Presidencia de la Junta Comunal, las Gerencias Operativas, la Mesa de entradas y la mayor parte del personal de la comuna. Además se prestan en ella los servicios propios de la Unidad de Atención Ciudadana, como Mesa de informes, Atención Ciudadana (turnos y solicitudes), Tarjeta miBA, Gestión SUBE, Registro Civil (Informaciones sumarias), Infracciones (pago voluntario), Controladores, AGIP, Terminales de Pago Automático (ATMs), Espacio familia, Pasate a LED, Participación Ciudadana (Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC), Biblioteca, Registro de Artistas (escultores, pintores, fotógrafos, muralistas, videoarte, escritores), Registro de grupos y bandas de Rock, Prensa y Comunicación, Educación (Orientación en servicios educativos).
Y aunque, Maximiliano Mosquera Fantoni, presidente electo de la Junta (Juntos por el Cambio) propuso mudar la sede de la Comuna a un edificio más grande para aumentar la calidad de atención a los vecinos, aún no se conocen avances de ese proyecto de mudanza, ni de su inclusión dentro del “Plan de Relocalizaciones de distintas dependencias del Gobierno”.
Además, en el proyecto presentado por el ejecutivo estaban incluidos inmuebles ocupados por la Dirección de Música, como el Estudio Urbano, en Curapaligüe 585/87/91 (en donde se dictan clases y talleres) y las oficinas administrativas que se encuentran en la calle Alsina 963. Los trabajadores de esa dependencia, a través de la Comisión Intersindical, denunciaron esta iniciativa como parte del “vaciamiento” de la misma, impulsado por el macrismo, ya que durante su gestión “se dejó de invertir en equipamiento, redujeron y precarizaron el personal, disminuyeron el presupuesto artístico y comenzaron a designar como directores a contadores o abogados sin ninguna experiencia en el ámbito cultural”. Sin embargo, y tal vez a partir de estas denuncias, los citados inmuebles no forman parte del listado del Despacho enviado para su tratamiento en la Legislatura.