Pedido de informes sobre diversos conjuntos habitacionales
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha solicitado al poder Ejecutivo informes sobre la situación de dieciocho conjuntos habitacionales entre los cuales se encuentra el Barrio Justo Suárez, ubicado entre la Avenida Lisandro de La Torre, y las calles Timoteo Gordillo y Bragado, en Mataderos.
Este barrio es considerado un ejemplo paradigmático en las formas de gestión de la vivienda social. En 1954 se ocuparon con viviendas precarias terrenos destinados a la ampliación del Hospital Salaberry, en la manzana de Av. Juan Bautista Alberdi, Cafayate, Bragado y Pilar. La población era de 122 familias y el asentamiento fue denominado por la Municipalidad “Villa 7”. En 1971, bajo la intendencia de Saturnino Montero Ruiz, comenzó la construcción de un complejo habitacional para esas familias. La propuesta se realizó sobre la base de la participación de los villeros en el proceso de elaboración del proyecto y se ubicó muy próximo al asentamiento original, en un sentido contrario a la política de expulsión que sostenía el Gobierno Militar. En 1973-4 se terminó la construcción del Barrio Justo Suárez, formado por 122 unidades de vivienda, distribuidas en 5 tiras de 3 y 4 niveles y una torre de 10 pisos de alto.
La Resolución 541-2026 aprobada en la sesión del 5 de noviembre pasado en base a un proyecto de las legisladoras Victoria Freire y Bárbara Rossen, la Legislatura solicita información sobre los conjuntos habitacionales Barrio Carrillo I y II, Barrio Nágera, Barrio Piedrabuena, Conjunto Habitacional Castex, Conjunto Habitacional Consorcio XVI, Conjunto Habitacional Donnizetti, Conjunto Habitacional Dorrego, Conjunto Habitacional Espora, Conjunto Habitacional General Savio, Conjunto Habitacional Illia, Conjunto Habitacional J. J. Castro, Conjunto Habitacional Justo Suárez, Conjunto Habitacional Lafuente, Conjunto Habitacional Rivadavia I, Conjunto Habitacional Rivadavia II, Conjunto Habitacional Samoré, Conjunto Habitacional Soldati y Conjunto Habitacional Copello.
Esta resolución requiere información detallada respecto de su situación, el estado de conservación de sus edificios e infraestructura, las intervenciones realizadas y previstas, los programas de mantenimiento implementados, la situación dominial, la ejecución presupuestaria y las acciones desarrolladas para garantizar condiciones adecuadas de habitabilidad.
Señalan sus fundamentos que “los conjuntos habitacionales constituyen una herramienta fundamental de la política habitacional destinada a garantizar el acceso a una vivienda adecuada para miles de familias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la responsabilidad estatal en esta materia no se agota con la construcción y adjudicación de las viviendas, sino que comprende también su mantenimiento, conservación, mejora permanente y gestión integral, a fin de preservar condiciones adecuadas de habitabilidad a lo largo del tiempo”.
Por eso los legisladores destacan que se proponen conocer si existen casos de deterioro edilicio, falta de mantenimiento preventivo y correctivo, deficiencias en las instalaciones sanitarias, eléctricas y pluviales, filtraciones, problemas de accesibilidad, deterioro de los espacios comunes, dificultades vinculadas a la prestación de servicios, situaciones pendientes de regularización dominial y la insuficiente intervención estatal para garantizar condiciones adecuadas de conservación.
Además, agregan que “resulta indispensable promover una gestión habitacional que incorpore mecanismos de planificación, seguimiento y participación de la comunidad, contemplando no solo las condiciones materiales de los edificios, sino también las dimensiones sociales, urbanas y comunitarias que hacen al desarrollo de los barrios y al fortalecimiento del tejido social”.