Legisladorxs, organizaciones sindicales, centros de estudiantes, comunerxs, cooperadoras y diversos colectivos de la comunidad educativa expresaron su repudio al fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, por el cual se rechaza una acción de amparo para garantizar una vacante escolar a un niño de 2 años.
En el marco de una conferencia de prensa, que tuvo lugar el lunes 28, en la puerta de Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Perú 160) pidieron, además, el juicio político a los magistrados “que con su sentencia violan la constitución de la Ciudad y limitan el pleno ejercicio de derechos”.
Al respecto, expresó la Comunera Lorena Crespo: “Esta sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El argumento del TSJ de CABA es inconstitucional y segregacionista: Además de no garantizar vacantes en el plazo educativo que marca la constitución, sienta las bases de un cambio estructural en la educación pública, donde el estado discrimina a lxs ciudadanxs por su condición socio económica en lugar de construir escuelas para garantizar vacantes para todxs”.
Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación señaló que “El fallo del Tribunal Superior de Justicia es un ataque a las familias que reclaman que se cumpla el Artículo 24 de la Constitución porteña y se garantice la vacante para sus hijos en la escuela pública. Semejante atropello se da en el marco del ataque del Gobierno de Larreta y Acuña a las y los docentes a través de denuncias penales contra la Secretaria General de la UTE Angélica Graciano y un grupo de integrantes de la Comisión Directiva del sindicato por defender la transparencia en los concursos de acceso a los cargos docentes. Lejos de resultar situaciones aisladas, la actitud de los jueces Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano y la persecución impulsada por el Ministerio de Educación a través del Ministerio Público Fiscal que encabeza el Juan Bautista Mahiques, son parte de una misma política de Lawfare educativo cuyo principal responsable es el Jefe de Gobierno”.