La atención y cuidado de la salud fue motivo de dos leyes sancionadas por la Legislatura en su sesión del 16 de julio.
La Ley 6313 declara de interés público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la donación de plasma rico en anticuerpos con fines terapéuticos, a pacientes infectados de COVlD—19 por parte de pacientes recuperados.
Aclara la norma que lo estipulado no implica obligatoriedad alguna para los pacientes recuperados de COVID-19. La decisión de donar de pacientes recuperados será siempre un acto de disposición voluntaria, conforme lo establecido en la Ley Nacional N° 22.990-Ley de Sangre- y Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 3.328 – Ley de sangre, sus componentes y hemoderivados-.
Asimismo establece que el Poder Ejecutivo impulsará, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada mediante Decreto de Necesidad y Urgencia Nº1/2020 y sus modificatorias, campañas de difusión y concientización sobre la importancia de la donación de plasma rico en anticuerpos por parte de pacientes recuperados de COVID—19. Dicha acción contará con la correspondiente participación de las Juntas Comunales.
Además, la Autoridad de aplicación instrumentará para los voluntarios aptos para la donación que lo soliciten, las facilidades de traslado, alimentación o cuidado que se requieran para llevar a cabo la misma y de regreso a su domicilio.
La Ley fue aprobada por 57 votos.
Por otra parte, la ley 6312 establece que “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, actualización contenida en la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud nacional”.
La aprobación de esta ley fue motivo de extenso debate entre quienes pensaban que se trata de una política de Estado para beneficio de la población, “una causa de derechos humanos, de salud pública y de justicia social” y quienes sostenían que la Ciudad ya tiene su protocolo sancionado en 2012, que se aplica en los efectores de salud que dependen del Gobierno y cuestionan que se impida a sanatorios privados hacer objeciones de conciencia.
Sobre 60 diputados presentes, 50 votaron a favor de la adhesión al protocolo de ILE, 7 de Vamos Juntos lo hicieron por la negativa y hubo tres abstenciones.