Escribe Liliana Elguezabal
Lo que estaba previsto como una audiencia pública sobre la ley aprobada en primera instancia que permitía la venta de un conjunto de inmuebles del Gobierno de la Ciudad, se transformó en un espacio polémico donde la mayoría de los legisladores, comuneros y vecinos participantes manifestaron la imposibilidad de su realización por existir una medida cautelar suspendiéndola.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires convocó a Audiencia Pública bajo modalidad virtual para el 12 de agosto a las 12.00 horas, referida a la Ley inicial publicada en el BOCBA N° 5775 del 8 de enero de 2020 (Expte. 2924-J-2019), por medio de la cual el Gobierno de la Ciudad desafecta del dominio público, declara innecesarios para la gestión, y autoriza la disposición de un conjunto de inmuebles entre los que se encuentra el de Timoteo Gordillo N° 2212.
El Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 2, atendiendo a una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, a través de su coordinadora María Eva Koutsovitis y el IPYPP, con el patrocinio letrado de Jonatan Baldiviezo y Alejo Caivano, dictó una medida cautelar suspendiendo la realización de audiencias públicas bajo la modalidad virtual.
Justamente Jonatan Baldiviezo aportó esta información en la reunión y solicitó la suspensión de la audiencia. No obstante ello, Claudio Romero, (Vamos Juntos), quien la presidía, decidió continuar con la misma, pese a los reiterados reclamos de los participantes y la oposición de legisladores y comuneros presentes.
En este contexto, y aclarando que consideraban que la audiencia era nula, muchos participantes optaron por dejar sentada su opinión sobre el contenido de la Ley en discusión.
Los asistentes manifestaron su desacuerdo e hicieron fuertes críticas a la política de venta de inmuebles del GCBA. Señalaron que significa una creciente pérdida de patrimonio público y no tiene en cuenta la necesidad de contar con edificios para albergar servicios sociales, educativos (sobre todo en nivel inicial y jardines maternales) y de salud, cuando ésta es una fuerte demanda no satisfecha sobre todo en el sur de la ciudad. Se señaló especialmente que el Plan Urbano Ambiental sostiene la necesidad de contar con un banco de inmuebles para atender las necesidades actuales y futuras, algo muy importante cuando se ha sancionado un Código Urbanístico que promueve la densificación, es decir el aumento de población con el consecuente aumento en la demanda de equipamiento.
Además hubo críticas puntuales sobre ciertos inmuebles declarados innecesarios, por encontrarse sin uso o no ser aptos para albergar funciones de interés para la Ciudad de Buenos Aires entre los que se encuentran:
México 1392: ocupado por quince familias desde hace muchos años, a las que se les había pedido que se organizaran como consorcio y realizaran mejoras, cosa que cumplieron. Varios se hicieron presentes en la audiencia solicitando información sobre la intención del ejecutivo respecto al mismo y pidiendo se les permita comprarlo a sus actuales ocupantes.
Timoteo Gordillo 2212. Sede Comunal 9, actualmente en funcionamiento con oficinas de la Comuna 9 y de UAC correspondiente a los barrios de Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda, sin que se haya brindado oficialmente información sobre un emplazamiento alternativo. Se señaló que aún en caso de no ser necesario para la sede comunal, existe una gran demanda en la zona de equipamiento social, educativo y de salud.
Santa Fé 4358. Es reclamado por comuneros y vecinos de la Comuna 14, para destinarlo a proyectos sociales, con participación de organizaciones no gubernamentales locales.
Calle Curapaligüe, Comuna 7.se propone su uso como Centro de Salud.
Otra cuestión muy reclamada fue el cumplimiento de lo establecido en la constitución de la Ciudad y la Ley de Comunas respecto a la participación de las Juntas Comunales, los Consejos consultivos y, a través de ellos los vecinos, en las decisiones
Al respecto la comunera Lorena Crespo manifestó: “Larreta quiere rematar 13 inmuebles públicos de la Ciudad. Entre ellos, nada menos que nuestra sede comunal 9 de Timoteo Gordillo 2212. Claramente puede reutilizarse para otro servicio necesario, como ser jardín maternal u otros fines sociales o culturales, que tanto hacen falta en nuestros barrios. La venta de la sede comunal 9, a dónde se trasladaría y la innecesaridad del edificio, nada de eso fue consultado ni con la Junta Comunal ni con el Consejo Consultivo. En una clara transgresión a la Ley de Comunas, Larreta avasalla las facultades de comunerxs, sumado a la venta de tierras públicas”.
Numerosas voces, de vecinos y legisladores se opusieron a la política de venta de tierras e inmuebles que viene sosteniendo el Gobierno de la Ciudad, mientras que sólo tres vecinos manifestaron estar de acuerdo con la venta de inmuebles si el monto recaudado se destinaba a políticas sociales.