En noviembre pasado la Legislatura de la Ciudad sancionó la ley que aprueba un nuevo sistema de estacionamiento de vehículos en la vía pública. Esta norma, que establece el estacionamiento medido y tarifado en todos los barrios, fue criticada por legisladores de la oposición y por los propios vecinos.
Se trata de una nueva versión de la ley de 2016, que promovió licitaciones para la operatividad de las grúas y no llegó a implementarse por diversas acciones judiciales en su contra.
La norma autoriza a la Jefatura de Gobierno a “llamar a licitación pública para la contratación de la prestación del servicio de grúas para el acarreo de vehículos”, por un plazo de diez años. A tal efecto, Buenos Aires se dividirá en tres zonas, cada una con su playa para remisión de automotores en infracción y con un adjudicatario diferente. El sistema abarca todo el territorio de la ciudad y alrededor de 80.000 espacios de estacionamiento.
La propuesta establece la separación de dos servicios que funcionan de manera conjunta en la actualidad: el de estacionamiento medido, con los parquímetros y las ticketeras, y el de las grúas, controlado por las empresas Dakota y BRD con contratos vencidos desde hace 20 años.
Ahora, se elimina el uso de máquinas ticketeras y se habilita el pago de tarifas mediante aplicaciones de internet o dispositivos para teléfonos móviles. Los aranceles serán diferenciados de acuerdo a lugares, horarios y tiempo de uso, para favorecer la mayor rotación de automotores. Para los residentes el servicio será gratuito en su zona.
Serán removidos y acarreados los coches mal estacionados “por más de 30 minutos la primera vez en el lapso de un año, 15 minutos, la segunda vez en idéntico lapso, sin tolerancia horaria para la tercera y sucesivas infracciones”. Cuando el rodado “se encuentre imposibilitado de circular por desperfectos mecánicos en espera de auxilio impedirá su remoción sólo si su conductor permanece dentro del vehículo o en lugar más próximo sobre la acera”. Transcurridos 15 días desde la guarda del vehículo acarreado sin que sea retirado, será automáticamente considerado como abandonado y podrá ser trasladado a otra playa.
La norma determina los distintos tipos de modalidades de tarifas aplicables, “pudiendo una misma vía poseer más de una modalidad en función del horario, del calendario o la ocurrencia de determinados eventos. El valor de cada una de las tarifas puede variar en los distintos sectores urbanos en función de la demanda que el mismo presente”.
Habrá tres tipos de tarifas: una sencilla, en la que la hora de estacionamiento tiene un valor uniforme para un determinado segmento horario y dos tarifas progresivas que se incrementan cuando aumenta el tiempo de detención, aplicable “a sectores urbanos que requieran de una alta rotación de vehículos”. Los vecinos, en su zona de residencia, que se extiende a 300 metros de su domicilio, están exentos del pago de las tarifas. También habrá una tarifa especial (para eventos de concentración masiva) y tarifa nocturna para horarios y sectores específicos.
El estacionamiento libre y gratuito “se aplica a zonas de baja demanda o donde el espacio en vía pública es suficiente para satisfacer la demanda”, aclara la legislación.
El proyecto obtuvo 37 votos afirmativos de Vamos Juntos, UCR y Partido Socialista, 22 negativos de Frente de Todos y bloques de izquierda, más una abstención del Gen.
Diversos legisladores se expresaron en contra. “La ley que se votó hoy es la continuidad de una política del Gobierno de la Ciudad que, en vez de trabajar por una política integral de tránsito y transporte, carece absolutamente de plan y es meramente recaudatoria“, dijo la diputada Claudia Neira, en ocasión de la aprobación de la norma.
En la Comuna 9, las críticas se manifestaron en distintos espacios, principalmente en las reuniones del Consejo Consultivo Comunal. En la última reunión presencial, en el mes de febrero, se aprobó una recomendación a elevar a la Junta Comunal con la oposición a la implementación del sistema en nuestros barrios.
Los vecinos se encuentran preocupados por la dificultad que se les presentará para estacionar sus propios autos en un radio restringido a los 300 metros de su domicilio, en áreas de gran demanda como los centros comerciales de Liniers, y Av. Juan Bautista Alberdi, en Mataderos y Parque Avellaneda.
Además, según han expresado que no lo consideran un sistema de ordenamiento del uso del espacio público, sino “un impuesto más sobre la clase media, un sistema recaudatorio”.